El hacinamiento origina condiciones inhumanas para los recluidos, corrupción y violencia por la lucha de un espacio mínimo en donde vivir y pernoctar, factor que, a su vez, entorpecen el cumplimiento del tratamiento penitenciario para la reinserción social del recluso y disminuye ostensiblemente las oportunidades de trabajo, educación, cultura, deporte y recreación para los internos, además de dificultar la capacidad de control y la gobernabilidad por parte de las autoridades penitenciarias comprometiendo la obligación de los Estados de garantizar la vida e integridad física de las personas privadas de la libertad.
Estamos ante una emergencia social… mucho más que una emergencia carcelaria ya declarada en algunos países de la Región.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
Ex Coordinador de Seguridad de Instituciones Penitenciarias

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