En un mundo donde las amenazas a la seguridad evolucionan a diario, desde el crimen organizado hasta el vandalismo en nuestras calles, proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos se convierte en un reto.

La seguridad no es solo un requisito para el desarrollo; es el pilar sobre el que construimos nuestras libertades.

Hoy, más que nunca, necesitamos un enfoque integrado, combinando visión global y acción local.

Como sociedad, debemos exigir estrategias claras, recursos suficientes y la voluntad de transformar nuestra cultura de seguridad en un motor de bienestar.

Cada comunidad puede y debe ser un ejemplo de cómo la seguridad no solo protege, sino que también potencia la calidad de vida, liderando este cambio con urgencia.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad

La seguridad como derecho y necesidad fundamental

En 2025, para mantener la calidad y el prestigio de nuestros servicios públicos, un año más hemos de trabajar por la libertad y la seguridad humana y ciudadana.

Como indica la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su Art. 6, así como en el Art. 17 de la Constitución Española, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.

Son muchas las misiones que tiene encomendadas el Estado, pero ninguna más básica ni más noble que la de garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger sus derechos y libertades y salvaguardar su bienestar.

La seguridad es la condición necesaria para apuntalar nuestra forma de vida: democrática y libre. Es una necesidad básica para todos los ciudadanos y un bien colectivo, exigido y reconocido.

Desafíos actuales: del terrorismo al vandalismo

Combatir la inseguridad y garantizar la seguridad es tarea del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No obstante, frente a los nuevos y crecientes desafíos de actos antisociales (tráfico de drogas, delincuencia organizada, blanqueo de capitales, terrorismo internacional, vandalismo, etc.), las instituciones han de disponer de la capacidad para responder adecuadamente a estos riesgos y amenazas, así como para  diseñar estrategias eficaces dentro de sus competencias.

Todos estos ingredientes que alimentan la inseguridad del ciudadano, tanto percibida (subjetiva) como real (objetiva), son, a su vez, desafíos frente a los cuales el Estado debe buscar respuestas eficientes, tratando de ofrecer un bienestar lo más estable posible, en los aspectos económicos, políticos y sociales, empezando por dar una atención prioritaria a los ámbitos locales.

Necesitamos unos servicios públicos de calidad en materia de seguridad y emergencias que representen a la sociedad a la que sirven, que cuenten con medios materiales y humanos suficientes, con la seguridad jurídica necesaria para desarrollar su labor en la mejor de las condiciones, y que esta calidad haga de nuestros servicios públicos de seguridad y emergencias unos servicios integrados y conscientes de la problemática social y ciudadana, del necesario cumplimiento de los objetivos de protección de nuestro medio y patrimonio natural, de garantizar una respuesta inmediata ágil y suficiente para atender las situaciones de inseguridad y emergencias más complicadas como incendios, rescates o salvamentos.

Tenemos que transmitir la seguridad desde el pensamiento global al local, es decir, desde el nivel europeo, al de país, al de comunidad, al de ciudad y al de barrio.

Pensar en global y actuar en local debe ser nuestra base del acuerdo político y social frente a los problemas de inseguridad y emergencias que ponga en marcha y optimice el uso de los valores y los recursos disponibles.

La fuerza de lo local: la colaboración entre policía y comunidades

La Constitución Española, en su artículo 148.1.22, atribuye a las Comunidades Autónomas competencia en materia de coordinación y demás facultades en relación con las Policías Locales y los Servicios de Emergencia.

La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) regula este aspecto, al establecer, en su artículo 39, que corresponde a las Comunidades Autónomas, coordinar la actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial de la Comunidad, mediante el ejercicio de las siguientes funciones:

Establecimiento de normas-marco, a las que habrán de ajustarse los Reglamentos de Policías Locales.

Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos Cuerpos de   Policías Locales, en materia de medios técnicos para aumentar la eficacia y colaboración de éstos, de uniformes y de retribuciones.

Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría.

Coordinar la formación profesional de las Policías Locales mediante la creación de Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica.

Prioridades urgentes: prevención, movilidad y convivencia

El objetivo es plantear la cultura de la seguridad como un bien público, propiciando la evolución y desarrollo de un paradigma de seguridad compartido, que abarque de lo global a lo local. En los principales organismos centrados en el análisis del concepto de seguridad hemos de hacer patente su carácter evolutivo y la necesidad de adaptarlo a las transformaciones acaecidas con la globalización.

La necesaria integración, definida en las sucesivas Estrategias de Seguridad adoptadas en los ámbitos internacional y nacional, requiere una toma en consideración de la perspectiva local, haciéndola partícipe de los objetivos trazados en los diferentes niveles y estrategias.

Entre las propuestas que podríamos señalar, en torno a los procesos de mejora y adaptación de la Policía al actual contexto global y local, cabría referir las siguientes:

Fomentar la creación de una conciencia identitaria colectiva en materia de seguridad, potenciando los órganos de coordinación existentes y promoviendo la creación de órganos, mandos y estructuras compartidas.

Actualizar las leyes de policía local, al objeto de regular y racionalizar la actual realidad policial.

Desarrollar un modelo de Seguridad Local, en consonancia con las competencias asumidas, favoreciendo la alta especialización de las policías locales en seguridad ciudadana, desarrollando el modelo de policía de proximidad y perfeccionando la función preventiva.

Con esta perspectiva, la seguridad local ha de dar respuesta a una serie de ámbitos o retos que son vividos con especial intensidad en los entornos urbanos, configurando lo que podemos denominar como:

Una nueva cultura de seguridad para el siglo XXI

Seguridad Ciudadana, tomando en consideración la idea de que la prevención del delito constituye una prioridad del sistema penal, revisando y potenciando los mecanismos de colaboración y coordinación entre los diferentes cuerpos policiales y servicios de emergencia.

Violencia de Género, con el objetivo de prevenir y detectar la violencia de género, potenciando el asistir y proteger a las víctimas y contribuir a la minimización de los daños, así como mejorar los mecanismos para evitar la victimización secundaria.

Movilidad Sostenible y Segura. Contribuir a la mejora de la movilidad urbana de acuerdo con los parámetros y compromisos fijados en la Carta Europea de Seguridad Vial y en los Planes de Sostenibilidad (Agenda 21).

Seguridad Escolar, incrementada, con el objetivo de mejorar la seguridad intra y extraescolar, incidiendo en su entorno más directo, además de contribuir pedagógicamente a la configuración de actitudes favorables a la seguridad, tanto viaria como en lo relativo a la convivencia ciudadana.

Asistencia Psicológica asequible y estable, poniendo en marcha los mecanismos necesarios para poder dar una primera respuesta psicológica a las víctimas y familiares en catástrofes y accidentes graves.

Convivencia y Civismo, al objeto de contribuir a la mejora de la convivencia ciudadana, dando prioridad a determinados contenidos de las ordenanzas de convivencia y civismo, que inciden directamente en el ámbito de las relaciones interpersonales y en la calidad de vida de los ciudadanos, así como implementando servicios específicos de mediación para la resolución de conflictos.

Seguridad Urbanística, con el objetivo de contribuir a las buenas prácticas en el ámbito relacionado con la construcción de viviendas y núcleos de población, garantizando el cumplimiento de las normas urbanísticas, la protección del medio ambiente y las condiciones específicas de las respectivas licencias.

Seguridad en Espacios de Especial Interés, velando por la seguridad de determinados entornos que por sus características así lo requieran. Así, por ejemplo, el casco antiguo de pueblos y ciudades, donde se ubica la mayor parte del patrimonio arqueológico y monumental.

En todo caso, habrá que tener en cuenta que los planteamientos han de ser glocales, es decir, aplicando esquemas de seguridad global a lo local, e integral e integrada entre los recursos de seguridad pública y privada, como se establece igualmente en la Ley de Seguridad Ciudadana y Ley de Seguridad Privada.

Para pensar en global y actuar en local, hay que tomar conciencia de nuestra propia responsabilidad político-social, tratando de profundizar y comprender la realidad que nos rodea y la urgencia de dar respuesta a las vulnerabilidades y amenazas que presenta, compartiendo nuestros conocimientos, como manera de contribuir a una sociedad basada en la seguridad y el bien común.

Para crear las condiciones de un cambio sostenible es necesario tejer redes de colaboración, y nuestras relaciones políticas y profesionales pueden y deben constituir también un ecosistema de transformación.

En esta línea, tenemos que pensar de manera global, generando un marco de desarrollo de la seguridad que nos permita actuar, de forma eficiente y coordinada, en lo local y en cualquier otro ámbito.

Hemos de cambiar el paradigma y la cultura de la seguridad en la sociedad, hasta llegar a integrar esa estructura facilitadora de nuestro bienestar de manera eficiente.

En resumen, los nuevos retos de seguridad para 2025 debemos centrarlos hacia sociedades más seguras pensando en global y actuando en local para que esa seguridad objetiva y subjetiva sea percibida y disfrutada por el ciudadano en el desarrollo de su vida activa ciudadana y social.