El tema de la seguridad en general, y el sector de la seguridad privada en particular, están pasando por tiempos revueltos.

El vaso ha quedado desbordado con motivo del debate de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada en el Congreso de los Diputados, donde, más allá de consensuar una situación, una realidad y su tendencia, se han puesto de manifiesto y se están mezclando y sumando distintos aspectos que, finalmente, variarán la percepción de la seguridad del ciudadano.

Si bien hay que decir que, principalmente en la última década, la mejora de la Seguridad Ciudadana en España ha ido mejorando y tomando unos niveles de eficacia destacables, ha habido una falta de los recursos y dedicación para establecer y consolidar una verdadera cultura de seguridad en los ciudadanos.

Unos ciudadanos, de los que no debemos olvidar lo que más les importa es esa percepción, esa sensación de seguridad que, en definitiva, pone en valor los trabajos y esfuerzos que el poder legislativo y ejecutivo vienen realizando no sin una especial participación de los profesionales (públicos y privados), verdaderos protagonistas de lo que se consigue.

Y, si de esos protagonistas hablamos, integrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los responsables y directores de seguridad en entidades públicas y privadas y las empresas de seguridad y sus profesionales, todos ellos son los que constituyen esa verdadera y única seguridad para los ciudadanos.

Una Seguridad Única, queramos o no, configurada por la imprescindible colaboración de la Seguridad Pública y la Seguridad Privada y sus colectivos profesionales, inmersos todos ellos en dar la respuesta eficaz a esos nuevos retos y demandas de la seguridad en todos sus ámbitos, ante una, sin duda, inseguridad globalizada, que ha generado un espacio más grande y unos tiempos más breves para la lucha contra todo tipo de riesgos y amenazas.

Unos colectivos profesionales que, por un lado, sufren una disminución de recursos derivado principalmente de la larga situación de crisis económica y, por otro lado, de una mayor exigencia y complejidad en las seguridades por el incremento de la amenaza del terrorismo internacional y la delincuencia organizada.

Y, si hablamos del sector de la seguridad privada en particular, la situación se agrava por la suma de múltiples aspectos y dejaciones empresariales, principalmente cuando comienza la crisis económica europea y, particularmente, la española.

Hasta esos momentos, el sector de la seguridad privada, por una demanda obligada y por un permanente incremento de la mejora de la situación social, registraba un crecimiento permanente de sus infraestructuras, más allá de los niveles de inseguridad no especialmente destacables de cada momento, a ritmos superiores a los de la propia economía española. De repente la crisis se hace patente también en el sector a partir del año 2008 y sigue hasta nuestros días.

Ello ha puesto de manifiesto otra serie de debilidades más empresariales que profesionales donde la disminución de la actividad ha enfrentado al colectivo laboral –con escasa representación sindical- con la patronal, por incumplimiento de los acuerdos y convenios colectivos, la pérdida de poder adquisitivo, la falta de promoción profesional, la actual regulación de empleo, movilidad, etc.

Una situación empresarial y laboral a la que hay que sumar aspectos más preocupantes para un sector que da muestras de falta de liderazgo empresarial y falta de orientación hacia nuevas oportunidades, no relacionadas para nada con una innecesaria e impropia privatización de parte de la seguridad pública, como debaten algunos con poco fundamento o desinformación.

Un sector de la seguridad privada que, inmerso en estos tiempos revueltos, precisa de una mayor convergencia y consenso entre las empresas y los profesionales, abocadas las primeras a la lícita búsqueda de la rentabilidad económica y, los segundos, a una mayor y mejor eficacia ante los nuevos retos. Un sector que, principalmente, amenazado y afectado por una pérdida de actividad, ha reducido la necesaria defensa de los nuevos sistemas tecnológicos y la calidad de los servicios, por estar inmerso, además, en una desordenada y desorientada renovación empresarial, también con falta de una adecuada estrategia de convergencia de las seguridades.

En definitiva estamos en tiempos revueltos para una Seguridad Privada que, si bien, precisa de una nueva Ley para su regulación, control y desarrollo, no está siendo contundente en la puesta en valor de su participación imprescindible en la Seguridad Ciudadana, en general, y la Protección de las Infraestructuras Críticas y Estratégicas, en particular.

Ahora el reto más importante para la Seguridad Privada está en poner en valor su amplia y especial participación profesional en el entramado de la Seguridad en general, incrementar su aportación a la cultura de seguridad y, más que nunca poner a disposición pública y privada sus conocimientos, medios y experiencias para hacer más con menos y con la exigida eficacia.

Y, recordemos, la Seguridad Privada vive tiempos revueltos pero no está en crisis, están en crisis aquellas empresas y directivos no implicados en esta imprescindible optimización de recursos y en esa apuesta obligada de mayor imaginación e innovación dentro del marco legislativo y social.