En Irak, las funciones paramilitares de las empresas llamadas de seguridad privada tienen una enorme y dudosa legalidad, normalmente ejercen sus labores por encima de la ley y protegidos por normas impuestas por las fuerzas de ocupación. Fue el ex procónsul norteamericano para Irak, Paul Bremer –primero y principal escoltado por personal de seguridad privada– el que firmó un decreto, antes de su marcha de Irak, según el cual en ningún caso miembros de las fuerzas militares estadounidenses o las complementarias a sus misiones de seguridad privada (militares o paramilitares privadas) podrán ser juzgados ante tribunales iraquíes.

Para los contratistas de seguridad privada las normas iniciales del contrato son aparentemente simples: sus misiones son de vigilancia y protección, pueden defenderse pero no realizar ofensivas. No obstante, los expertos legales y militares dicen que se arriesgan a ser tratados como combatientes ilegales si apoyan a unidades militares en combates.

Lo cierto es que, hasta ahora, no hay un control central sobre las empresas, no hay normas de especiales de contratación, no hay pautas consistentes para supervisar o preparar nuevos contratos. Algunos guardias de seguridad se quejan por tener que intervenir en combate sin armas, sin preparación ni equipos adecuados. Además, la comunicación entre los mandos militares y los guardias de seguridad no funciona, ni se coordinan las operaciones.

La Autoridad Provisional de la Coalición (APC) estimó en sus inicios que los costes de seguridad privada serían el 10 por ciento de los 18.000 millones de dólares del dinero de la reconstrucción aprobado por el Congreso. En recientes estimaciones realizadas por el propio gobierno de EE.UU. se confirma que ese porcentaje ha aumentado por el momento hasta el 25 por ciento.

Inicialmente había en Irak unos 15.000 “contratistas militares o paramilitares” al servicio de docenas de corporaciones, más que el contingente de soldados ingleses. Se calculaba que había un guardia por cada 10 militares de las fuerzas de ocupación.

Pero, la verdad es que cuanto más empeora la situación en Irak, más se privatiza la guerra y más beneficios privados aporta. El asunto de las empresas militares privadas CMP (en inglés Private Military Contractors) se ha ido descuidando y deteriorando durante mucho tiempo. Sólo después del brutal asesinato en el 2004 de cuatro estadounidenses (todos estaban fuertemente armados y uno tenía un carné del Departamento de Defensa) por milicianos iraquíes en Fallujah hizo que empezaran a ser publicadas más informaciones al respecto. Aunque se trató de convencer al mundo que se trataba de civiles, no se pudo ocultar que, en este caso, eran empleados CMP, de la empresa de seguridad “Blackwater USA”.

Poco tiempo después, aparecieron múltiples declaraciones de soldados, como publicó el New York Times sobre que: «Los contratistas ahora tienen su propia flota de carros blindados y armas pesadas” o las de un ex miembro de las fuerzas especiales que le dijo al Washington Post que los “contratistas militares” que vigilan los ministerios matan iraquíes con toda impunidad. Repetidamente se ha dicho que estos «contratistas» tienen luz verde para amenazar y matar a iraquíes.

Consecuentemente, la situación de mercenarios contratados por empresas privadas para prestar servicio en zonas en guerra como Irak o Afganistán ha llamado especialmente la atención de Naciones Unidas y algunas fuentes norteamericanas, consideran que esos «mercenarios privados» suponen en estos momentos la segunda fuerza en la coalición «aliada», sólo por detrás de las propias tropas norteamericanas. No obstante, y según se ha publicado, lo que preocupa a Naciones Unidas no es este tipo de reclutamiento, sino las diferentes fórmulas que han creado las empresas privadas de seguridad para formar auténticas “fuerzas de choque mercenarias” no sometidas a ninguna ley en particular, algo que en teoría está prohibido por la legislación internacional (Convención contra la Utilización de Mercenarios, 1989).

En este sentido, fue hecho público no hace mucho tiempo en Ginebra el informe del comité de trabajo, presidido por el español José Luis Gómez del Prado, en el que se pronuncia especialmente fuerte y tajante: «Las nuevas modalidades apuntan a una industria emergente y muy floreciente de empresas militares y de seguridad privada que responde a una lógica comercial en busca del mayor beneficio. El comité de trabajo de Naciones Unidas llama la atención sobre cómo los empleados de estas empresas militares y de seguridad privada gozan de una inmunidad que puede transformarse fácilmente en impunidad, lo que podría implicar que algunos Estados estarían contratando a esas empresas para evitar una responsabilidad jurídica directa».

Esta situación también ha alarmado a expertos en Defensa y a algunos dirigentes del partido Demócrata de EE.UU., que estiman que la seguridad en un área hostil es una misión militar clásica y que delegarla en empresas privadas plantea cuestiones graves.

Pero, lo que es más grave, es que en Irak la resistencia o insurgencia no hace distinciones entre tropas combatientes y guardias de seguridad privada pues las considera en cualquier caso fuerzas de ocupación, al estar asociadas a los proyectos de la APC. Así, al haber convertido los convoyes y los edificios de la APC en objetivos esenciales, considera que los guardias de seguridad son igualmente objetivos militares. De ahí el peligro, puesto que es en estos casos es donde desaparece la diferencia entre la función preventiva de la reactiva para este tipo de empresas.

Lo cierto es que, las formas de conducción de la “guerra” están cambiando. Y, como se está demostrando, al lado de los ejércitos estatales surgen cada vez más CMPs, paramilitares, señores de la guerra, ejércitos privados y mercenarios como actores importantes en estas guerras. Sin olvidar que las guerras no declaradas se dan con menor frecuencia entre los Estados y sus ejércitos y con mayor frecuencia en el interior de los Estados entre tropas regulares e irregulares, y ante todo contra la población civil, y ahí es donde esta atípica seguridad privada, que son más mercenarios que guardias, toman el protagonismo y se transforman en una fuente de ingresos privados muy importantes.

Al principio, las funciones mas importantes encomendadas a las empresas privadas de seguridad era la de vigilar y proteger los múltiples proyectos de reconstrucción que EE.UU., a través de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC), dirigida por el procónsul Bremer, pretendía llevar a cabo en Irak. Pero, con el permanente incremento de la resistencia armada iraquí en todo el país, esas funciones se ha visto prácticamente paralizadas y carentes de sentido porque no hay proyectos que vigilar, porque nadie puede ni quiere invertir ni trabajar en un país en el que la situación de “guerra preventiva” no ha cambiado la resistencia de sus ciudadanos a aceptar el nuevo modelo político que pretende imponer el presidente Bush a chiítas, kurdos y sunnitas.

Así, hace poco tiempo, los medios de comunicación daban la noticia de que Siemens y General Electric y otras empresas importantes abandonaban el país ante la imposibilidad material de desarrollar ningún proyecto.

Consecuentemente, esas misiones de vigilancia y protección han ido derivando progresivamente a funciones diferentes por la creciente espiral de terrorismo que ha sorprendido a las fuerzas de ocupación y sus contratistas. Ahora, sus misiones son más defender lugares esenciales y neurálgicos de la APC, incluyendo sus 15 cuarteles regionales e incluso la denominada «Zona verde», situada en el corazón de Bagdad y donde se ubica el centro de poder de EEUU y de Irak; escoltar convoyes de suministros a través del territorio donde opera la resistencia y, incluso intervenir en acciones de combate, principalmente de defensa.

En este sentido, como no todas las empresas de seguridad privada disponen de importantes medios de defensa y ataque, y ante el número creciente de muertos que se va produciendo entre estas fuerzas, el sector ha reclamado armamento pesado con mayor potencia de fuego y, además, se quejan de que las fuerzas militares de la coalición no dan apoyo a sus peticiones de ayuda cuando se han visto sorprendidos y atacados por la resistencia como ocurrió en la ciudad de Kut, al sureste de Bagdad, donde ucranianos integrantes de las fuerzas de la coalición hicieron caso omiso de las llamadas de socorro de cinco guardias de seguridad personal del Grupo Hart, una consultora de seguridad británica registrada en Bermudas.

Lo cierto es que, en la actualidad, ya son cerca de 100.000 (cuatro veces más de lo previsto) los “contratistas militares” o miembros paramilitares y de seguridad privada que operan en Irak, a los que se agrega un número indeterminado de subcontratados, un total que, según estimaciones, se acerca al de la fuerza militar estadounidense en su conjunto destacada en Irak.

Los contratistas militares desempeñan toda una serie de tareas antes reservadas a los soldados. En Irak y Afganistán no sólo adiestran a las fuerzas armadas locales sino también, según ha sido publicado, participan en acciones de combate. Las misiones, obviamente, tienen cada vez más riesgo y, según estadísticas del Departamento de trabajo de los EEUU, desde el 2003 han sido asesinados en Irak más de 650 “contratados militares” privados.

Empresas de seguridad y paramilitares en Irak

En cuanto a la presencia de empresas de seguridad privada o paramilitares en Irak, cabe destacar la actividad de Blackwater Security Consulting Company, Vinnell Corp, Custer Batlles, Armor Group, Special Operations Consulting-Security Management Group, Kroll Security International, Global Risk, Erinys, The Steele Foundation, Strategies, Meteoric Tactical Solutions, Trig Guard Force, DynCorp International y otras con menor presencia. Para el proceso de selección de personal estas empresas utilizan varios métodos –algunos cuestionados– como: sus propias webs, anuncios en revistas como Soldiers of Fortune, o FortLiberty.com, sitio en el que es posible encontrar información sobre decenas de empresas del sector, o por medio de intermediarios en distintos paíes, generalmente oficiales militares o policías retirados.

Global Risk Strategies, una de las primeras empresas de seguridad en entrar en Irak, ha pasado de tener 90 guardas de seguridad a comienzos de la invasión de Irak a la actual de más de 1.500 elementos. La empresa The Steele Foundation, también ha crecido de 50 a 500 personas. Igualmente Erinys, una compañía muy poco conocida en la industria de seguridad antes de la guerra de Irak, emplea ahora unos 14.000 iraquíes.

Por otra parte, la compañía Special Operations Consulting-Security Management Group, ha reclutado informantes iraquíes que confeccionan notas de inteligencia para avisar a las empresas de la existencia de situaciones de riesgo.

Entre las distintas empresas «contratistas militares privadas» que operan en Irak y Afganistán, la mayor es la estadounidense Blackwater, fundada en 1997 por un ex comando de los Navy Seals, y compuesta por cinco compañías especializadas. Esta empresa se autodefine como «la más completa empresa militar profesional del mundo». Blackwater, una de las varias empresas de seguridad estadounidenses que participan y se benefician de la guerra en Irak, dice que puede crear en días un ejército de más de 20.000 profesionales. Es una empresa que en 2006 cobró más de 100 millones de dólares por sus servicios en Irak, auspiciada por la política del Departamento de Defensa de Estados Unidos de «privatizar» parte de las operaciones militares.

Lo cierto es que las empresas de seguridad privada en Irak viven una situación sin precedentes. Según declaraciones de Michael Battles, cofundador de la empresa de seguridad Custer Battles «Los contratistas civiles están trabajando en medio de las partes hostiles de un conflicto o en un escenario post-conflicto».

En España, unos 200 escoltas, ex militares y ex miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional han estado y están preparados y seleccionados para acudir a prestar sus “servicios de seguridad” en Irak. Un alto porcentaje de estas personas operaban en Euskadi pero están dispuestos a abandonar España en busca de las importantes remuneraciones económicas que pagan empresas estadounidenses con funciones paramilitares en Irak.

Pero, ¿Cuántos agentes de seguridad privados puede haber en Irak? Un general norteamericano cifró, hace ya tiempo, en más de 25.000 el número total de los paramilitares. Otros informes contradictorios los reducen a 20.000 o los aumentan a más de 40.000 elementos, pero nadie sabe de verdad cuántos son. Suponemos que el Gobierno norteamericano, sí. Sólo la firma Erinys, que ha ganado un contrato de 100 millones de dólares para proteger los oleoductos iraquíes y tiene 14.500 empleados dedicados a trabajos de vigilancia y protección.

Otra importante compañía militar privada con presencia en Irak es la DynCorp International, que se autodefine como una «empresa global multiforme».

La realidad es que, miles de individuos provenientes de todo el planeta están en Irak, están contratados mayoritariamente por empresas con sede estadounidense con presencia en Irak. Así, según lo publicado por diversos medios, se pueden hallar comandos navales de Carolina del Norte; gurkas de Nepal; soldados del anterior régimen del apartheid sudafricano, comandos con antiguos miembros del Ejército chileno, soldados del ejército de la extinta URSS.

Los mejor pagados proceden de unidades de élite de fuerzas especiales de todo el mundo y son remunerados hasta con 1.500 euros al día. Algunas de las empresas de seguridad más poderosas han llegado incluso a componer sus propias «Fuerzas de Reacción Rápida» y sus propios servicios de inteligencia que elaboran informes diarios con una red de mapas de «Zonas calientes», disponen de helicópteros, aviones y vehículos blindados de diversos tipos.

Lo sorprendente es que es ahora cuando los funcionarios de la APC están trabajando para preparar normas para las empresas privadas de seguridad. Las normas requerirán que el ministerio del Interior iraquí registre e investigue a todas las empresas. Se les reconocerá el derecho de detener a civiles y utilizar fuego mortal en defensa propia o en la de sus clientes.

Son las propias empresas de seguridad, sobre todo las más importantes, las que han presionado para la creación de una normativa argumentando que una afluencia de empresas pequeñas y sin experiencia ha contribuido a crear un ambiente caótico.

No hay duda de que este cambio de papeles es inusual, puesto que el impulso para dotar de normas a las empresas de seguridad privada está partiendo de los propios profesionales de seguridad. Igualmente, se afirma que los mercenarios de la seguridad privada trabajarán bajo control político iraquí.

A modo de conclusión puede decirse, como ya se ha informado anteriormente, que el fenómeno de la privatización de la guerra que se está llevando a cabo de forma paradigmática en Irak ha derivado hacia que las empresas privadas de seguridad asuman un gran catálogo de funciones y misiones que tradicionalmente se encomendaba a los militares.

Lo cierto es que, con este esquema y planes, el mantenimiento de la ocupación en Irak también depende cada vez más de la seguridad privada y es un beneficio también para las fuerzas de coalición puesto que, como no cuentan a los mercenarios como soldados y no cuentan con sus víctimas como bajas militares, el Pentágono puede dar la apariencia de que tiene menos tropas en un conflicto en transición.