El sistema penitenciario está en crisis en toda Latinoamérica. Con mayores o menores niveles de gravedad pero, en cualquier caso, con un deterioro creciente por el reducido y obsoleto espacio físico y el incremento de los niveles de hacinamiento y de sobrepoblación en las cárceles.

Es por ello que, hace tiempo que en Grupo Estudios Técnicos (GET) iniciamos un Informe sobre “crisis, análisis y propuestas de Seguridad en las Cárceles” -del que ahora presentamos la primera parte La inseguridad de las cárceles revoluciona Latinoamérica–  en el que hemos manejado más de 5.000 documentos de datos e incidencias que reflejan –ahora más que nunca- el incremento y proliferación de los problemas agravados actualmente por el descontrol con graves consecuencias derivadas de fugas, motines, huelgas, extorsiones, secuestros, uso de ilícitos (celulares, armas, drogas, etc.), así como de corrupción, falta de capacitación y recursos en general.

(Si tienes interés en el tema solicita el informe completo pinchando aquí)

La inseguridad de las cárceles revoluciona Latinoamérica

Hacinamiento, peleas entre bandas, corrupción, motines, fugas… han dado lugar a la terrible cifra de más de 1.200 personas muertas en siniestros ocurridos en las cárceles de Latinoamérica en motines o peleas en los últimos 2 años, pero esa cifra, con ser llamativa, oculta otra realidad cotidiana que se escapa a las portadas de los periódicos: En Argentina, México, Chile, Brasil, Ecuador y Venezuela, principalmente, es una constante la muerte de presos en los recintos penitenciarios. Hasta el año pasado se estimaba en un promedio anual no menor de 800 personas fallecidas.

Presente. Análisis de la situación actual

El sistema penitenciario está en crisis en toda Latinoamérica, con mayores o menores niveles de gravedad pero, en cualquier caso, con un deterioro creciente por el reducido espacio físico y el incremento de la población carcelaria, según datos recopilados por el Cuarto Informe Estado de la Región.
Esta situación no tiende a mejorar en casi ningún país, dada la reducida inversión pública y las casi nulas políticas de reinserción para los reclusos, por lo que se mira para otro lado y se sofocan con un alto coste los siniestros provocados por esas difíciles e insalubres condiciones de vida principalmente, que conducen inevitablemente al deterioro de la convivencia, la violencia y la propia corrupción funcionarial.

¿Cuántos más muertos y desaparecidos se escapan al registro estadístico? ¿Podemos creer que es una tragedia inevitable?

Las cárceles están saturadas

Recientemente, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció un “alarmante patrón de violencia en las cárceles de Latinoamérica”, debido al “endémico problema” de sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles en la región.

De media, las cárceles albergan un 38 por ciento más de reclusos de lo que deberían, pero en muchos casos se llega hasta el 250 por ciento, lo que facilita las tragedias acaecidas y pronostica otras difíciles de evitar si no se aborda seriamente la problemática aquí recogida.

La situación es especialmente acuciante en Centroamérica. En El Salvador, según registros de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), en enero de 2012, había un total de 25.400 reos, cuando los 19 centros penales del país fueron creados para albergar 8.100. Esto equivale a una ocupación del 253 por ciento. En Honduras hay una sobrepoblación penitenciaria del 137 por ciento y, en Chile, el hacinamiento es del 55 por ciento.

Por otro lado, en Venezuela, las cárceles encierran a 50.000 reclusos, cuando su capacidad es de 14.000, según cifras del propio gobierno.

Las cárceles de Chile registran superpoblaciones que van del 50 hasta el 200 por ciento, según datos del gobierno para el año 2010.

En Panamá, las últimas cifras mostraban una población penal de 10.978 presos, mientras que el sistema penitenciario sólo tiene capacidad para 7.193 internos, lo que representa un 53 por ciento de sobrepoblación.

En Colombia, la sobrepoblación carcelaria es del orden del 40 por ciento. Hay 126.000 internos y sólo unos 30.000 recluidos han sido procesados, mientras los demás esperan una sentencia. En Costa Rica hay unos 12.000 reclusos y sus cárceles tienen una capacidad de 9.000 plazas.

En general, todo el sistema penitenciario de la región vive el omnipresente problema del hacinamiento y el de la falta de inversión, que fomenta la presencia de organizaciones criminales que imponen su ley en cárceles deterioradas, insalubres y con funcionarios frecuentemente corruptos.

Desde México a Argentina, el hacinamiento, que acaba degenerando en motines, es moneda común en todo el continente. La situación en los penales es gravísima. Buena parte de los establecimientos penitenciarios existentes vienen del siglo pasado, y a esto hay que agregar evidentemente la irrupción de un fenómeno que se ha extendido como un cáncer en todo el continente que es el del narcotráfico.

Muchos motines coinciden con los periodos de mayor calor, que agrava las pésimas condiciones de vida que se producen dentro de las propias cárceles, en las que, además del hacinamiento ya señalado y como consecuencia del mismo, reina el descontrol, la insalubridad, la falta de agua potable, la alimentación inadecuada y escasa, la falta de cuidados sanitarios e higiénicos básicos y la consecuente pérdida de integridad física, mental y moral de los reclusos, lo que sirve de elemento constructivo para la corrupción y el señorío de las bandas que ostentan el poder.

En tiempos recientes ha habido acontecimientos graves en Honduras y México pero no mucho antes se produjo una ola de violencia en cárceles de Latinoamérica, lo que resultó con pérdida de vidas en Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile.

De hecho, se considera que la situación de las cárceles es, en buena medida, resultado de la radicalización del debate sobre justicia y seguridad que ha acompañado al aumento de la criminalidad, sobre todo en Centro América.

El resultado es que las condiciones de las cárceles no es un tema que les interese demasiado a los políticos, porque no es rentable políticamente.