Cuando cualquier empresa o profesional tiene que contratar con las Administraciones, los trámites, papeles, certificados y la idoneidad para los servicios requeridos suelen ser bastante complejos. Si, además, la facturación debe ser electrónica, el proceso resulta más complicado.
Sin embargo, a la hora de contratar servicios como el de cerrajerías, muchos ayuntamientos “simplifican” todo y contratan sin tener en cuenta aspectos como la acreditación de esos profesionales por parte de asociaciones que respaldan su labor, la garantía que da la formación que acreditan muchos cerrajeros de seguridad, la posesión del certificado de penales, la adhesión al arbitraje con los organismos de Consumo de la Comunidad autónoma o, simplemente, una cuestión importante, la calidad del servicio y seguridad que incidirá en el ciudadano.
Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Presidente de UCES
Muchos ayuntamientos tienen necesidades de servicios de cerrajería en todos los edificios municipales (alcaldías, bibliotecas, piscinas, guarderías, centros para personas mayores, etc.). Además, los ayuntamientos en España tienen entre sus funciones el mantenimiento de los colegios públicos.
Todos podemos recordar noticias que hemos leído en muchos medios regionales sobre robos de equipos informáticos en colegios del medio rural, en el que los ladrones han entrado con una gran facilidad o en consultorios médicos en el que los sistema de seguridad apenas cuentan con una cerradura de fácil apertura.
Sería más beneficioso para los ciudadanos que las administraciones contrataran servicios que mantuvieran todos los edificios públicos con unos estándares de seguridad acordes para los bienes que contienen.
Muchos de los ayuntamientos optan por la contratación de empresas de “multiservicios” que en muchos casos cuentan con profesionales que realizan servicios con escasa cualificación sin realizar un estudio previo de qué tipo de medidas de seguridad (puertas, ventanas, cerraduras, etc.) deberían tenerse en cuenta.
Nos consta que en muchas localidades se opta por la contratación de este tipo de servicios, teniendo profesionales acreditados por la Unión Cerrajeros de Seguridad en el mismo municipio o en localidades cercanas que, además, puede favorecer la empleabilidad, la fijación de población y la creación de empleo en medios rurales.
Lo decimos muchas veces, pero nos parece siempre oportuno recordarlo, debemos ser de los pocos sectores en las que el profesional acreditado que cumple todos los estándares de calidad y formación y tiene tarifas más económicas que aquellos servicios que se anuncian por pegatinas, sin mencionar el nombre de la empresa.
No en vano, resulta familiar ver de vez en cuando en las redes sociales la viralización de “facturas con cantidades desorbitadas” que ha “sufrido” algún usuario que no ha buscado y encontrado al cerrajero apropiado.
Por todo esto, creemos oportuno reivindicar, una vez más, la labor de los cerrajeros de seguridad que, cuando existe un problema como el de la violencia de género, no se “ponen de perfil” y apoyan de forma gratuita a las mujeres víctimas de esta lacra contando con el apoyo solamente institucional de las administraciones.
Es más que probable que aún quede lejos la posibilidad de que veamos a los cerrajeros de seguridad habilitados por las administraciones para tramitar certificados de seguridad de edificios públicos garantizando que las instalaciones cumplen con todos los requisitos legales y técnicos necesarios, como lo están otros profesionales como los electricistas o instaladores de gas.
Las administraciones deberían poder habilitar a los cerrajeros de seguridad acreditados para poder emitir certificados o boletines de seguridad como exigencia.
A casi nadie ya se le ocurre realizar una instalación eléctrica o de gas, o una modificación, con un profesional sin cualificación o con poca capacitación profesional o incluso ilegal o ilegal en muchas ocasiones. El riesgo que correríamos desde un punto de vista de la seguridad y de la economía resultaría enorme.
Desde la Unión Cerrajeros de Seguridad, abogamos por una contratación cualificada por parte de las administraciones para aquellos servicios que deban prestar cerrajeros de seguridad. Sería un avance para lograr un reconocimiento y una deseada habilitación para realizar certificados de seguridad en muchos edificios públicos.
Redundaría, sin duda, en una reducción de los robos e intentos de robos con fuerza en muchos inmuebles que en 2019 fue de casi 143.000 sucesos.
Trabajar por la seguridad es tarea de todos, pero las Administraciones deben ser las primeras que tienen que dar ejemplo contratando empresas y profesionales de oficio contrastado y acreditado.
Artículo publicado en IberFerr nº 241